Estados Unidos, a pesar de utilizar las sanciones como su principal herramienta para debilitar a Venezuela e influir en el cambio político, no ha articulado un plan claro o integrado para la industria petrolera del país. Aunque levantar amplias sanciones económicas sería un primer paso necesario hacia una rehabilitación seria —desbloquear el acceso a las finanzas internacionales, la tecnología y los mercados— tal medida sigue siendo hoy en día un engaño retórico más que una realidad.
Además, Venezuela posee vastas reservas de crudo pesado y ácido, caro y técnicamente difícil de extraer y refinar. Décadas de sabotaje económico, agravadas por años de sanciones que asfixiaron inversiones y repuestos, han dejado la infraestructura en un estado de colapso casi total. La mera retórica sobre el potencial del sector no constituye una estrategia para su reconstrucción multimillonaria y de una década.
Si existiera un camino sencillo y rentable para reactivar rápidamente la industria petrolera venezolana, China —con su inmenso capital, tecnología e intereses creados— ya habría tenido éxito. El hecho de que no lo haya hecho muestra la naturaleza profunda y estructural de la crisis. Demuestra que los principales obstáculos no son solo la ideología política o las sanciones estadounidenses, sino fracasos institucionales profundos que ni siquiera el actor externo más motivado puede superar fácilmente.
China posee una enorme capacidad financiera, habiendo concedido más de 60.000 millones de dólares en préstamos a Venezuela a través de su iniciativa de la Franja y la Ruta. Sus compañías petroleras nacionales, como CNPC y Sinopec, poseen una profunda experiencia técnica en proyectos petroleros pesados complejos similares a los del cinturón del Orinoco en Venezuela. Además, China ha demostrado el conocimiento logístico e ingeniero necesario para ejecutar grandes proyectos de infraestructura en todo el mundo. A pesar de esta combinación única de capital, tecnología y experiencia, las empresas chinas no han querido catalizar una recuperación en Venezuela.
Y, en cambio, la estrategia de China ha sido principalmente la de “deuda por petróleo“, comprometiendo más de 60.000 millones de dólares en préstamos garantizados por futuros envíos en lugar de asumir el control operativo directo de los campos y operaciones. Las compañías petroleras nacionales chinas, que enfrentan facturas impagadas, problemas operativos y riesgos extremos, se han centrado en recuperar la deuda existente en lugar de financiar una recuperación total.
El capital físico y humano necesario para una recuperación es igualmente abrumador, ya que las décadas de sanciones económicas, guerra, infrainversión y mala gestión han dejado la infraestructura en un estado de profunda decadencia. La reconstrucción requiere no solo capital, sino un ecosistema funcional de mano de obra cualificada, seguridad, socios estables y un marco legal fiable, todo lo cual escasea. Y las sanciones continuas de Estados Unidos complican aún más el acceso a tecnología y financiación vitales, añadiendo costes y riesgos legales a cualquier proyecto importante.
Incluso con un gobierno teórico proestadounidense en Caracas —algo que aún no sabemos que exista con Delcy Rodríguez—, el sector se considera estructuralmente ininvertible en un futuro previsible. Años de gestión catastrófica, desmantelamiento de activos y mantenimiento diferido han dejado infraestructuras físicas en ruinas, mientras que una cultura de corrupción y opacidad legal sigue profundamente arraigada. La futura volatilidad política y la amenaza de que los acuerdos contractuales o los derechos de propiedad puedan ser revocados por un gobierno posterior crean una barrera insuperable. Para las empresas estadounidenses, la inversión necesaria —decenas de miles de millones de dólares durante una década sin garantía de estabilidad o retorno— es simplemente demasiado grande. Ven oportunidades mucho más seguras y rentables en otros lugares, desde la zona de esquisto estadounidense hasta otras cuencas globales, lo que convierte la adquisición de la industria petrolera venezolana en una apuesta peligrosa que no están dispuestos a asumir.
Sin embargo, la experiencia china demuestra lo contrario, ya que demuestra que ningún factor externo puede evitar tan fácilmente el colapso político y económico de Venezuela, y aún más con las sanciones aún en vigor. Cualquier recuperación futura será lenta, más cara y mucho más condicionada a la estabilidad interna de lo que sugieren las previsiones optimistas de Trump.
¿Se quedarán Estados Unidos sin hacer nada más en el petróleo?
Esta aparente falta de un plan de reurbanización coherente ha llevado a muchos observadores a cuestionar si Estados Unidos siquiera tiene una estrategia para reactivar plenamente la producción venezolana. Como una industria petrolera venezolana en resurgimiento, con el tiempo, introduciría volúmenes significativos de crudo en el mercado global, actuando como competidor directo de las exportaciones estadounidenses de esquisto. Además, un aumento de la oferta ejercería una presión a la baja sobre los precios globales del petróleo, lo que entra en conflicto con los intereses de la influyente industria petrolera estadounidense y que depende de un entorno estable y relativamente alto para justificar sus propias operaciones intensivas en capital. En consecuencia, la política estadounidense puede estar diseñada intencionadamente para mantener el petróleo venezolano en un estado de abandono controlado —suficientemente contenido y bloqueado— para limitar su utilidad geopolítica a adversarios como Rusia o China, pero no tan reactivado como para socavar los intereses económicos y energéticos estadounidenses.
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Miguel Santos García es un escritor y analista político puertorriqueño que escribe principalmente sobre la geopolítica de los conflictos neocoloniales y las guerras híbridas en el contexto de la cuarta revolución industrial, la nueva guerra fría en curso y la transición hacia la multipolaridad. Visite su blog aquí.
Es investigador asociado del Centro de Investigación sobre la Globalización (CRG).
