Steven Howell, fiscal especial del estado de Michigan, le dijo al tribunal de Rhodes que el proceso de bancarrota no había contado con el respaldo del pueblo. Sin embargo, dijo que “opositores iniciales ahora lo apoyaban”; les dio a los sindicatos una mención especial declarando que eran ejemplo de un nuevo “espíritu de cooperación”.
Así aplaudía Howell el papel clave de los sindicatos como parte de la rosca de robarle a los trabajadores sus derechos sociales fundamentales, unos más en la fila de conspiradores (junto con el alcalde [partido Demócrata], la junta municipal, el gobernador [partido Republicano] el gobierno de Obama, el juez Rhodes y el interventor Kevyn Orr). El “espíritu de cooperación” fueron los flechazos de todos ellos a la inquina popular y de los trabajadores de la región de Detroit contra las medidas que se van imponiendo en defensa de los intereses de loa bancos y de los renteros que poseen grandes cantidades de bonos.
A lo largo del proceso de quiebra, los sindicatos estuvieron muy lejos de defender los derechos de los trabajadores; fueron unos acreedores más. demandando una tajada mayor de los recursos de la ciudad. Le oposición simbólica inicial de los sindicatos fue sólo para negociar mayores beneficios para sus propios jefes ejecutivos.
Al final los sindicatos le dieron un espaldarazo a la reestructuración (léase: al saqueo) de la ciudad a cambio de controlar el fondo de inversión de seguro de salud (VEBA, sus siglas en inglés). Claude Montgomery, abogado del comité sindical de obreros retirados, en su discurso final, alabó la “decisión estratégica” del juez Rhodes de incluir a los sindicatos en un supuesto “gran acuerdo”.
Asesorando el comité de jubilados estuvo un tal Ron Bloom, un vicepresidente mayor de la compañía especulativa Lazard de Wall Street. En otra época Bloom trabajó para el sindicato siderúrgico United Steelworkers, defendiendo los intereses de lucro de los dirigentes de ese sindicato cuando éstos cooperaban con los buitres de Wall Street para acabar con los empleos y las jubilaciones de cientos de miles de trabajadores, víctimas del achicamiento de la industria del acero.
Luego fue el representante de Obama en el sindicato automotriz United Auto Workers (UAW) cuando se obliga a General Motors y a Chrysler a declararse en quiebra en el 2009. A cambio de una inyección de miles de millones para sus respectivos fondos VEBA, el UAW acepto un recorte del 50 por ciento en los sueldos de nuevos trabajadores, turnos de 12 horas, y otras reducciones de costos. Ganancias extraordinarias para las empresas de automóviles de Detroit resultaron de ese acuerdo.
El gobierno de Obama apoya totalmente la bancarrota de Detroit. La considera modelo para destruir las pensiones y beneficios de salud de millones de maestros, bomberos, y de obreros estatales y municipales.
Aunque en realidad no existe ninguna barrera a las desenfrenadas ambiciones y corrupción de los individuos que están al frente de los sindicatos, el papel de los sindicatos en la bancarrota de Detroit va más allá de la infames características subjetivas de los dirigentes sindicales. Su cimiento es la naturaleza de clase de estas organizaciones.
Digan lo que digan las organizaciones seudoizquierdistas que operan dentro de los sindicatos y en su órbita, los sindicatos no son organizaciones de la clase obrera. No existe manera de reformarlos para que defiendan los intereses de la clase obrera. Son corporaciones del Estado y de la clase de poder. Su función es impedir las luchas de los obreros contra lo que decreten las grandes empresas y los bancos.
El antagonismo entre obrero y sindicatos deriva de la alianza política de estos últimos con el Partido Demócrata y su compromiso con el sistema capitalista.
Enormes y duras batallas en defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores construyeron los grandes sindicatos industriales estadounidense, incluyendo el UAW. El centro de esos combates semiinsurreccionales (con características de guerra civil contra las empresas) fue Detroit en los años 1930. No obstante, la dirección sindical (una burocracia conservadora) encarriló ese enorme repudio al Partido Demócrata y subordinó a la clase obrera al sistema de lucro.
La mundialización de la producción le dio a las empresas transnacionales la habilidad de mudar actividades productivas a las regiones de sueldos bajos; las organizaciones que dependían del andamiaje del estado nación. Por todos lados, la respuesta sindical fue igual: no resistir cierres de fábricas, despidos y recortes de sueldo (para que “sus” capitalistas pudieran competir mejor).
Han pasado 30 años desde la última vez que los sindicatos se pusieran a la cabeza de alguna huelga transcendente. En cambio, han obligado a los obreros a aceptar desastrosos contratos entreguistas, uno tras otro.
La transformación de los sindicatos comenzó en los Estados Unidos (donde ha ocurrido con gran velocidad) pero ha tomado lugar en todos los países.
A principios de este mes, por ejemplo, el sindicato alemán, IG Metall, con puestos en la junta ejecutiva de Volkswagen, presento un proyecto de cuatrocientas páginas de eliminación de puestos de empleos y reducción de sueldos para triplicar las ganancias de la empresa para fines del 2017.
A escala mundial, las clases de poder están bien embarcadas en una contrarrevolución social para hacer dar marcha atrás cien años de conquistas y rebanar las condiciones de vida proletariado. Detroit es primero en ese proyecto en parte por el papel histórico de sus obreros en las enormes batallas de los años 1930.
Los sindicatos de hoy están aliados con los patrones y con el gobierno contra los obreros. Eso exige que los obreros construyan nuevas organizaciones de lucha de clase, bajo el control democrático de los mismos obreros de base.
A la misma vez, la quiebra de Detroit demuestra que es necesario que los obreros repudien el Partido Demócrata se pongan en el camino de una lucha independiente contra el existente sistema político y el andamiaje capitalista que defiende.