Durante el mes de abril, las autoridades de la ciudad de Detroit proyectan reanudar cortes de servicios de agua para las decenas de miles de residentes que no pueden pagar. Cerca de treinta mil hogares que no ya no pueden darse el lujo de pagar sus facturas de agua están en la lista, lo que representa quizá a uno de cada siete habitantes.
La reanudación de los cortes al por mayor, que habían comenzado el año pasado, ocurre en momentos en que el departamento de agua proyecta mayores aumentos de tarifas, en una ciudad donde lo que se cobra por el agua sobrepasa por mucho el promedio nacional. El objetivo es canalizar dinero a los acreedores multimillonarios de Detroit, mientras que se coloca al departamento de agua en manos privadas.
Hay pocos lugares en el mundo donde la clase gobernante impone una crueldad tan despiadada (facilitada tan flagrantemente por todas las fracciones de la clase política de Detroit, Michigan, la ciudad grande más pobre de Estados Unidos).
Separar a miles de familias cada día de una de las necesidades más básicas de la vida moderna ocurre actualmente en un país con la mayor concentración de megamillonarios en el mundo, con sus manos en la manija un gobierno que gasta más en sus fuerzas armadas que las diez potencias militares que le siguen, amalgamadas. Con todo eso, la excusa típica es que simplemente no hay dinero, que a los residentes pobres de Detroit no se les puede permitir no pagar.
Ciertas comparaciones vienen al caso. El Departamento de Agua y Cloacas de Detroit (Detroit Water and Sewerage Department DWSD) afirma un déficit de veintidós millones de dólares. Esa deuda represente 750 dólares para cada familia a ser desconectada. Por lo tanto la ciudad tiene la intención de aumentar las tarifas y comenzar cortándole el agua a los residentes.
El Congreso de los Estados Unidos ahora está en negociaciones sobre la financiación de la maquinaria militar, que exige unos 600 mil millones por año, o sea: veintisiete mil veces el déficit del DWSD. Sin pensarlo dos veces, los políticos de las grandes empresas, de los partidos Demócrata y Republicano, asignan sumas astronómicas para financiar la maquinaria de guerra de Estados Unidos. De hecho, el déficit del departamento de agua es de aproximadamente una sexta parte del costo de un solo avión de combate F-35 relámpago II.
El déficit del DWSD también contrasta con el lucro sin fin que va a parar a las manos de la oligarquía financiera todos los años. La riqueza de los 400 megamillonarios de la revista financiera Forbes 400, cuya fortuna se ha duplicado desde el 2008, ahora suma dos mil novecientos mil millones de dólares, más de 130 mil veces el déficit DWSD. La montaña de riqueza de Jeff Bezos, fundador y actual gerente general de Amazon.com, aumentó 5.8 mil millones en el último año, y ahora llega a 34 mil millones. La cantidad de lucro que Bezos obtuvo durante los últimos doce meses es suficiente para cubrir el déficit del departamento de agua 260 veces.
Para proteger este orden social quiebra, miles de millones se gastan cada año en la represión nacional. El año pasado, el programa del Departamento de Defensa de 1033 proporcionó, a los departamentos de policía de todo el país, pertrechos militares, valorados en novecientos ochenta millones de dólares (una cifra casi cincuenta veces mayor que el déficit del departamento de agua de Detroit). Este equipo incluye ametralladoras y tanquetas, algunas de ellas ya fueron utilizadas contra las manifestaciones de Ferguson, Missouri el año pasado.
Sin embargo, supuestamente no hay dinero para continuar el suministro de agua a la gente de Detroit ...
Es evidente que los recursos no son el problema. El conflicto es en torno a quienes tienen la mano en la manija, sobre cual principio basar capacidad productiva de la humanidad: ¿Lucro privado o necesidad social?
Los cortes de agua al por mayor en Detroit se reanudan luego de formalizarse la quiebra de la ciudad; cosa que ha sido una conspiración criminal que encarna plenamente la crueldad de la oligarquía financiera estadounidense.
Desde hace más de un año y medio, Kevyn Orr, interventor “de emergencia” y abogado de Wall Street, ejerce una dictadura de facto sobre Detroit. A los pocos meses de asumir el cargo, Orr impuso la bancarrota de la ciudad con dos fines: primero, llevar impulsar el recorte de las pensiones y beneficios de los trabajadores municipales, que hasta entonces estaban protegidos por la Constitución de Michigan y, segundo, la reestructuración de la ciudad en el interés de la élite financiera. Sus acciones cuentan con el respaldo de todos los grupos políticos, incluyendo al gobierno del presidente Obama.
Efectivamente, la bancarrota eliminó casi todos los beneficios de salud para los empleados de la ciudad y recortó las pensiones de decenas de miles de jubilados municipales, y actualizó una montaña de oro para un puñado de especuladores multimillonarios. Oligarcas como Mike Ilitch, dueño de los equipos de béisbol y hockey profesionales de Detroit, y Dan Gilbert, gerente general de Préstamos Quicken (ambos beneficiarios del amiguismo), han recibido sectores enteros de la ciudad como feudos personales, junto con cientos de millones de dólares en subsidios.
Ahora la élite financiera, no conforme con haber conseguido todo lo que quería en la quiebra, busca aún más. A nivel nacional, la oligarquía financiera utiliza la bancarrota Detroit como precedente para recortar las pensiones de los trabajadores y los beneficios de salud.
Para la clase gobernante de Estados Unidos, la reanudación estos enormes cortes de agua va más allá de saquear a los obreros más pobres de grandes sumas de dinero. Es también la afirmación de la "doctrina aristocrática": El pueblo no tiene derecho a nada; lo que recibe sólo viene de la supuesta bondad de la clase de poder.
Bill Nowling, un portavoz de la nueva autoridad regional de agua, y un ex testaferro de relaciones públicas para Orr, así expresa el pensamiento de la clase de poder: "La gente se ha acostumbrado a pensar 'bueno, no me alcanza esta noche. Voy a pagar mi factura de agua mes que viene’”. ¡Qué ultraje! ¡Cómo se les ocurre a los trabajadores seguir teniendo acceso al agua, aun si no pueden pagar por ella debido a los crecientes costos, a la disminución de los salarios, a la pobreza endémica y a un mayor desempleo!
Nowling simplemente pone en marcha la declaración Steven Rhodes, el juez federal de la corte de bancarrota año pasado que no existe un "derecho legal al agua gratis o a bajo precio".
La clase de poder no considera que hay en juego un principio importante. Los trabajadores no tienen derecho al agua; no tienen derecho a la atención de la salud; no tienen el derecho a pensiones; no tienen el derecho a la educación pública; no tienen el derecho un trabajo decente con un ingreso decentes. Si alguna de esas cosas sigue existiendo, ya va a ser recortada. Nada está garantizado. Todo tiene que sacrificarse para sostener el andamiaje capitalista y la riqueza e intereses de la clase dominante.
Reafirmar que el derecho al agua y a todas las necesidades de la vida significa para la clase obrera rechazar los decretos de la aristocracia empresarial y financiera. Estos derechos no se pueden mantener en el entorno de una sociedad subordinada a los intereses de una elite empresarial y financiera, corrupta y criminal.
Como escribió Marx, "Entre derechos iguales, la fuerza decide". El ganador tendrá que decidirse en la arena de la lucha de clases.
Andre Damon ( WSWS )
